Es probable que no sepas exactamente qué es eso de la Research Works Act porque, al fin y al cabo, es una cuestión completamente regional para EE.UU. El problema reside en que, como con tantas otras cosas, lo que es una cuestión específica de ese país acaba repercutiendo, guste o no, en muchos de nosotros. Se trata de una propuesta promovida por congresistas con fuertes apoyos financieros desde grupos editoriales para cambiar los derechos de difusión de la información de investigaciones científicas, incluso de las pagadas con dinero público.

Toda la información sobre la misma está disponible a través de la Biblioteca del congreso de EE.UU. Lo que más puede interesar para ver cuál es el conflicto de intereses (y la nueva injerencia de las empresas privadas en el dictado de leyes para la ciudadanía con total impunidad) es que sus principales impulsores son la AAP (Association of American Publishers) y la Copyright Alliance, que aportan un buen dinero a los congresistas que han presentado esta propuesta. ¿Qué pintan dos alianzas de intereses privados y empresariales en la propuesta de una ley que afecta a la investigación científica pública? La respuesta es obvia.

Desde luego, la mayoría de las asociaciones vinculadas a la edición científica de EE.UU. se han opuesto a un despropósito como el que se propone en esta reforma legal. Por ejemplo, están abiertamente en contra asociaciones como la Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, la American Library Association, y muchas más. Incluso miembros de la AAP (como MIT Press, Nature Publishing Group o la American Association for the Advancement of Science) se han pronunciado también en contra de esta propuesta.

Esta ley propone que las investigaciones no puedan distribuirse mediante dominio público. Es decir, que las universidades, centros de estudios, y demás organismos de investigación científica, no podrían distribuir la información ni los resultados de sus proyectos. Esto afectaría a los costeados con dinero público, de manera que los avances conseguidos no serían accesibles para investigadores de todo el mundo. El Dr. Mike Taylor lo resume muy elocuentemente: si se aprueba esta ley habrá en el mundo «muertes evitables en países en vías de desarrollo» así como «pérdidas incalculables para la ciencia».

Se pretende, en definitiva, restringir la difusión del conocimiento que debería ser público, no solo porque moralmente es necesario que avancemos en la libre distribución del conocimiento humano para hacerlo accesible a todo el mundo, sino porque se trata de avances que se costean con el dinero de toda la sociedad y no mediante inversión privada. Todo ello para que unas editoriales, con cuestionables sistemas de peer review e incluso con inaceptables tasas por permitir publicar en sus páginas un artículo, sigan lucrándose. Les animo a buscar los enormes beneficios que estas editoriales han registrado en el último año fiscal. Para que se hagan una idea, Elsevier, editorial impulsora dentro de la AAP de esta propuesta, y muy interesada en llenar los bolsillos de los congresistas Issa y Maloney que están llevando esta ley al organismo legislativo estadounidense, ha registrado un 36% de beneficios en 2010, es decir, 861 millones de euros en ganancias netas, según su propio informe financiero.

Debo recomendar encarecidamente la lectura del artículo de la Wikipedia sobre esta propuesta y consultar detenidamente sus enlaces.